Cuando el hombre decide constituir una sociedad como Estado Social y Democrático de Derecho, lo hace pensando, claro está, con un objetivo fundamental humanístico, tal como podemos observarlo claramente en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en donde se asegura a todos los ciudadanos un Estado de Justicia donde predomina el imperio de la Ley, garantizando el derecho a la vida, a la igualdad, la justicia social, la paz, la libertad, la solidaridad, la convivencia; todo esto dentro de un marco jurídico y democrático que asegure el orden político, económico y social justo.

Todas estas garantías son derechos reconocidos constitucionalmente, por lo que, dentro del ejercicio represivo del Estado existen penas prohibidas en la Carta Política Fundamental, como la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura, la desaparición forzada, los tratos inhumanos, crueles o degradantes, entre otras; y, dentro de las legalmente permitidas, existen límites mínimos y máximos dentro de los cuales los administradores de justicia están obligados a hacer la correspondiente tasación punitiva.

En este orden de ideas, el procesalista argentino, Dr. Carlos Enrique Edwards, en su obra La Prueba Ilegal en el Proceso Penal, explica con agudeza que “la aprovechabilidad o no de la prueba obtenida de manera ilegal se nos presenta como un fenómeno que registra implicancias políticas, constitucionales y también procesales”

Obviamente, en un verdadero Estado de Derecho no tiene cabida la obtención de un medio probatorio que haya sido constituido clandestinamente por los que están encargados de velar por el fiel cumplimiento de las normas que rigen la armonía social en la colectividad. Es allí donde radica, como bien lo afirma, el Dr. Carlos Enrique Edwards, la diferencia “de un sistema totalitario”, con un sistema donde los derechos y garantías de los ciudadanos están asegurados constitucionalmente.


Cierto que el Estado tiene el poder de penalizar los delitos; sin embargo, no posee el poder de hacerlo como le venga en gana. No. Su poder es limitado. En tal sentido, el Estado no podrá, de ningún modo, valerse de las pruebas obtenidas en una investigación delictual donde se haya quebrantados derechos constitucionales, verbigracia, practicar un allanamiento sin la respectiva orden judicial, o intervenir y gravar conversaciones telefónicas, sin observarse ni cumplirse con los requisitos establecidos por la Ley para ello, tomársele declaración al imputado bajo juramento u obligarlo a confesar por medio de torturas físicas o psicológicas.
No se puede aislar al Derecho Procesal Penal del derecho penal sustantivo. Es imposible hacerlo. Si bien el Estado, a través del poder legislativo, ha creado normas que regulan el comportamiento del hombre en la sociedad; creando delitos, penas, diseñando un sistema penal fundado en el bien común; también ha establecido los principios que delimitan su potestad para colectar medios probatorios en la averiguación del proceso penal.


Es la Carta Magna la que establece los límites a la coerción penal. Harto lamentable es que, a pesar que la propia Constitución de la República es la que instituye el respecto de las garantías y derechos de los ciudadanos; esas pautas políticas del Estado no han logrado plena eficacia en Venezuela, a pesar de contar con una Ley Adjetiva Penal moderna y una Carta Política Fundamental que ha sido catalogada como “la mejor del mundo”.



En este orden de ideas, en un Estado Democrático de Justicia y de Derecho, la consecución de la búsqueda de la verdad posee considerables prohibiciones. En razón a ello, coincidimos con el célebre jurista argentino, Dr. Alberto M. Binder, cuando asegura que “nunca podrá el proceso penal reconstruir perfectamente la verdad material”, porque, “el proceso penal no ´ reconstruye´ los hechos, sino que, en realidad, los ` redefine´”.


La Ley se hace sin distingos de clases. No puede aplicárseles a unos de una manera y a otros de otra; por lo tanto, si un miembro de la sociedad ha quebrantado la Ley, el Estado está en obligación de investigarlo, juzgarlo y castigarlo; no obstante, no podrá cumplir con esas determinadas funciones incumpliendo las reglas y formas implícitas del proceso penal, esto es: no podrá ejercer el ius puniendi compeliendo las garantías constitucionales.


De modo que, si el Estado traspasa los límites de la libertad probatoria, descerrajando garantías constitucionales en el proceso penal, los elementos probatorios recaudados, se constituirían en medios ilícitos, los cuales no podrán ser valorados, so pena de resquebrajar el sistema de justicia impuesto en un Estado democrático de Derecho y de Justicia como lo instaura la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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