LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DEBIDO PROCESO PENAL

LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

 

 

 

 

 

LA PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA  Y EL DEBIDO PROCESO PENAL

 

Prólogo

Dr. Jorge Eliécer Mendoza Rodríguez

 

 

2011

                                              

 

 

 

 

IN MEMORIAM

 

A Carlos José Ortega Ruiz y Jaime Jiménez,

almas límpidas y próvidas,

en cuyos corazones sólo  abrigaron

amor y afectos;

sembrados

cuando aún tenían mucho que aportar

al  progreso del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA

 

 

 

A mi amada esposa, Moraima del Carmen González Herrera,

quien  en los momentos más angustiosos de mi vida,

                                                                                                                           ha permanecido a mi lado,

siempre,

demostrándome solidaridad y amor.

 

 

 

 

 

A Carlos Luis Sánchez Chacin,

apasionado discípulo de las ciencias penales, 

en cuyos caminos,

 seguramente,

 muy pronto dejará  su  saber.

 

 

 

A Nelson David Mujica Pérez,

compadre, amigo, colega,

socio de sueños.

 

 

 

A  mis ex – alumnos de la ilustre Universidad Fermín Toro.

 

 

 

 

A mis compañeros, amigos y condiscípulos,

de la Promoción de Abogados 1990,

5to. Año. Sección “A”; Tarde,

de la insigne Universidad Santa María.

 

 

 

 

A mis cariñosas y traviesas perritas,

Sirena” y “Katy”,

siempre en la evocación  sempiterna.

 

 

Leopermel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos

 

 

A   María José Mata Rodríguez,

Luis Mata Rodríguez,

Gilberto Abril Rojas,

Jesús Enrique Chirinos ,

quienes me hicieron llegar

 desde Argentina,

Colombia y Ecuador,

importante material bibliográfico,

de gran ayuda

para la realización

del presente trabajo monográfico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO

 

 

El autor de esta obra, mi excelente amigo Dr. Leonardo Pereira Meléndez, me ha dispensado el honor de escribir las palabras de presentación de su nuevo libro, debo confesar que hacer un prólogo no resulta tan sencillo pero se hace lo mejor para lograr el objetivo.

El Dr. Leonardo Pereira Meléndez desde sus inicios en el ejercicio de esta noble profesión de Abogado ha demostrado una alta calidad humana y profesional, estudioso, inquieto, gremialista, docente, pero sobre todo amigo, probo a carta cabal, sus primeros pasos en la elaboración de obras jurídicas lo asomó, junto con su sutil pluma, como artífice de obras que han venido a engrandecer el patrimonio cultural y académico en el área penal.

Esta nueva obra que suma a su acervo intelectual y que hoy me corresponde presentar con sumo orgullo y satisfacción por tratarse, como ya dije, de un entrañable amigo, viene  a ser el fruto de un nuevo esfuerzo por enriquecer el conocimiento de sus lectores, esfuerzo además que apunta al servicio desinteresado.  Esta nueva obra es de gran utilidad ya que continúa la  iniciada con su tomo Anotaciones de Derecho Procesal Penal  seguida de Pruebas Ilícitas y Nulidades en el Proceso Penal   para de esta forma hilvanar con sumo tino una obra en serie por demás completa acerca de tan importante materia penal que seguro resultará útil y provechosa para el estudiante y el profesional del Derecho pues constituye una herramienta en el quehacer diario del no menos delicado y laborioso trabajo tribunalicio.

El contenido de esta nueva obra titulada La Presunción de Inocencia y el Debido Proceso Penal devela la experiencia adquirida a través de su ejercicio profesional y actividad docente universitaria en la que hace observaciones muy interesantes para la observación y aplicación de la garantía procesal  de la presunción de inocencia y del principio procesal del debido proceso, ambas figuras contenidas en los artículos 8 y 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Este libro consta de dos partes divididas, la primera en 16 capítulos y la segunda en 12 capítulos, en su desarrollo el autor atina a mantener la unidad, continuidad de las ideas y desarrollo del tema con una sencilla y clara redacción con precisión de los conceptos y citas que facilitan al lector su atención en el desarrollo de los capítulos tratados.

Lo resaltante de la presente obra está en el hecho de que el autor enfoca su preocupación teórico-práctica en la apreciación y oportunidad dentro del proceso penal venezolano de estas dos figuras a que hacemos referencia y su importancia en el tratamiento procesal del imputado y/o acusado en las fases de investigación, preliminar y juicio en la búsqueda de una recta administración de justicia.

Sabemos, sin lugar a dudas, que el proceso penal venezolano,  aún con la vigencia de un moderno Código Procesal Penal, ha sufrido merma en su efectividad producto de la variada interpretación de sus normas y de las instituciones fundamentales de derecho Penal, así, no es desconocido para el colectivo el retroceso experimentado en materia de derechos humanos, fundamentalmente del principio de inocencia volviendo a la vieja práctica de tratar como culpable a quien todavía no se ha sometido a un proceso y más aún se le haya establecido participación alguna en un hecho punible determinado; presumir la inocencia de una persona no es un privilegio del Estado y sus Instituciones encargadas de administrar Justicia, es un deber que no puede ser vulnerado por capricho del operario, de esta forma la presunción de inocencia va íntimamente unido al debido proceso porque parte de la imparcialidad del tribunal o quien lo representa estriba en la observación y respeto a esta garantía procesal que obra a favor del individuo sometido a un proceso penal.

Se destaca el autor de esta importante obra por su sencillez en el lenguaje lo que permite su lectura sin  mayor problema, en especial para los estudiantes de la carrera de Derecho sin que tal sencillez, por demás necesaria, reste seriedad y agudeza a sus conceptos por lo que igual viene a ser de gran utilidad para los profesionales del derecho penal en el campo de su ejercicio.

Desde mi época de Juez Penal del Estado Lara expuse con vehemencia la importancia de hacer efectiva la presunción de inocencia lo cual materialicé en el tratamiento de hecho y de derecho brindado a cada una de las personas que fueron procesadas en el Tribunal a mi cargo con igual énfasis en el debido proceso en cuyo objetivo conté afortunadamente con la valiosa colaboración del Fiscal del Ministerio Público, claros ambos entes en la necesidad de hacer realidad una verdadera Justicia que elevara la credibilidad del colectivo en esta Instituciones fundamentales, hoy día seriamente cuestionadas.

Sabemos que discurrir sobre temas o aspectos jurídicos  resulta un tanto complicado ya que per se resulta equivalente a emitir opinión acerca de la Justicia, de allí que es destacable quien se atreve a penetrar en un campo de arena movediza donde las opiniones son diversas y encontradas, debo hacer énfasis en que hoy día es vox populi y se pregona con facilidad y sin temor alguno a través de los distintos medios de comunicación social que a la mayoría de las personas sometidas a procedimientos penales no se le da el tratamiento adecuado en materia de presunción de inocencia y debido proceso llegándose inclusive a denuncias públicas que comprometen la seriedad e imparcialidad de los Órganos de la Administración de Justicia en Venezuela; de modo que a los sometidos a procesos penales no se les da lo que por derecho les corresponde oportunamente, de allí que la sociedad civil procura y lucha por mejores condiciones, por el respeto a la Constitución Nacional, leyes, Reglamentos; decretos y demás instrumentos que regulan la materia.

El Dr. Leonardo Pereira Meléndez ha destacado la importancia del tema tratado a cuyo efecto se hizo de citas importantes que complementan el desarrollo y entendimiento del lector, de manera que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la presente obra ha sido elaborada con extrema paciencia, abnegación y con conocimiento de causa, no queda oculto el sumo interés y los sanos propósitos perseguidos por el autor para de este modo hacer de este libro una herramienta útil en el campo del proceso penal venezolano, más aún, en esta época en que Venezuela está siendo duramente criticada por las constantes violaciones al principio del debido proceso y a la garantía de la presunción de inocencia en casos puntuales por todos conocidos y en momentos en que el Poder Judicial atraviesa una de sus peores crisis de credibilidad.

Para finalizar considero que el deseo de cumplir a cabalidad la función encomendada por el Estado de administrarse Justicia dentro de los parámetros establecidos en la Carta Magna y Leyes de la República, para lo cual resulta necesario la tenencia de una Doctrina que coadyuve al conocimiento científico del operador de justicia, es lo que reta al Magistrado y al Abogado penalista a luchar sin cesar por la vigencia y puesta en práctica del principio de inocencia y el debido proceso que hace posible uno de los fines del Derecho, reto  éste que nos lleva particularmente a combatir con toda fuerza y razón a los Jueces y Fiscales que en franco desconocimiento o inaplicación del tema tratado en esta obra se apartan de sus postulados convirtiéndose en verdugos de la Justicia.

 

JORGE ELIÉCER MENDOZA RODRÍGUEZ

Barquisimeto, 6 de Diciembre de 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

Dedicatoria…………………………………………………………..        2

Agradecimientos……………………………………………………..        4

Prólogo……………………………………………………………….        5

Índice…………………………………………………………………        9

                                      Primera Parte

 Capítulo I

La Presunción de Inocencia en el Derecho Procesal Penal…………          12

                                         Capítulo II

Concepto de la presunción de inocencia…………………………….           16

                                         Capítulo III

La presunción de inocencia en el COPP y en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela………………………………..          20

                                         Capítulo IV

Naturaleza Jurídica de la presunción de inocencia…………………..          29

                                          Capítulo V

¿Presunción o estado jurídico?.......................................................                 31

                                           Capítulo VI

La presunción de inocencia y los medios de comunicación social….             39

                                            Capítulo VII

Consecuencias derivadas de la presunción de inocencia……………….         41

1.      ¿Quién tiene la carga de la prueba?........................................               41

2.      El Principio In dubio pro reo……………………………………         44

3.      El derecho del imputado  a ser oído…………………………….       46

4.      El principio del derecho de defensa…………………………….        51

5.      El derecho a ser juzgado en libertad…………………………….        54

                                     Capítulo VIII

Doctrina  jurisprudencial  nacional…………………………………….           58

                                               Capítulo IX

Presunción de culpabilidad  y presunción de inocencia…………………………………………………………………          61

                                                         Capítulo X

La presunción de inocencia: ¿absoluta o relativa?..................................             63

                                             Capítulo XI

Eficacia de la presunción de inocencia…………………………………..

Capítulo XII

Fundamentos jurídicos de la presunción de inocencia……………………          65

Capítulo XIII

El imputado  en  el sistema  acusatorio e inquisitivo………………………………………………………………...           69

Capítulo XIV

Los delitos flagrantes y la presunción de inocencia………………………          73

 

Capítulo XV

Los indicios y la presunción de inocencia…………………………………           85

 

 

 

Capítulo XVI

La presunción de inocencia y la valoración de la actividad probatoria……………………………………………………………………      89

                                                         Segunda Parte

Capítulo I

El Debido Proceso Penal…………………………………………………..     94

Capítulo II

El debido proceso y la prueba ilícita……………………………………….     105

Capítulo III

El principio del juez natural…………………………………………………    110

Capítulo IV

El principio de imparcialidad………………………………………………..      113

Capítulo V

El derecho a la doble instancia………………………………………………   121

Capítulo VI

El principio non bis in idem…………………………………………………    127

Capítulo VII

El principio de legalidad…………………………………………………..     134

 

Capítulo VIII

El principio de la cosa juzgada…………………………………………….    136

Capítulo IX

El principio de  igualdad entre las partes………………………………….     139

Capítulo X

El principio reformatio  in  peius………………………………………………        144

Capítulo XI

Diferencias entre defensa material y defensa técnica………………………       148

Capítulo XII

La prisión preventiva y medidas coercitivas del imputado……………………      151

Bibliografía……………………………………………………………………      157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para saber si son culpables o inocentes”

 

 

Francesco Carnelutti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE

        CAPITULO I

 

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DERECHO PROCESAL PENAL

 

                                                 (Referencias históricas)

 

                Todas  las  garantías  reglamentarias, legislativas o constitucionales, como el principio de la presunción de inocencia, son derechos reconocidos universalmente, desde tiempos pretéritos,  por lo que, dentro  del ejercicio represivo del Estado existen situaciones vedadas en la Carta Política Fundamental, como suponer culpable al autor de un ilícito penal, sin previo juicio, toda vez que  deberá ser tratado en un estado de inocencia, hasta tanto el Estado demuestre,  y,  con un acopio de pruebas   legítimamente permitidas, que el imputado o acusado, es, realmente, el ejecutor  material o intelectual, del hecho típico y antijurídico.[1] Sin esas implementaciones  carecerían de importancia los derechos fundamentales.

 

 

            En un Estado  Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, el poder del Estado es limitado. Asombrosamente,  a pesar que  la propia Constitución de la República es la que instituye el respecto de las garantías y derechos de los ciudadanos;  esas pautas  políticas del Estado no han logrado plena eficacia en Venezuela, a pesar de contar con una Ley Adjetiva Penal moderna y una Carta Política Fundamental que ha sido catalogada como “la mejor del mundo”[2].

 

De tal manera, debe presumirse inocente al imputado, ora en la fase introductoria o investigativa;  o al acusado,  en la etapa del juicio oral y público, hasta tanto sea abatida esa presunción, mediante una decisión judicial que decrete la culpabilidad, previo el cumplimiento del debido proceso, y, obviamente, de todos los principios constitucionales del derecho procesal penal moderno; condición que el acusado ostentará hasta que la sentencia quede definitivamente firme, esto es: se hayan agotados o ejercidos todos los recursos ordinarios y extraordinarios del proceso penal.[3] 

Históricamente,  el principio de presunción de inocencia data de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789[4], el cual  establece que  la persona acusada de un delito debe tratársele como inocente hasta tanto no exista una providencia judicial que decrete la culpabilidad, habiéndosele respetado el derecho de defensa y por consiguiente el debido proceso. 

 

               Los ideales de François-Marie Arouet (1694-1778) mundialmente conocido como Voltaire,  serio opositor de la Iglesia Católica, sin ser ateo; conjuntamente con Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) también adverso de la Iglesia Católica, y con Charles Louis de Secondat, llamado Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689-1755), fueron   los que le sirvieron de apoyo a la Revolución Francesa, para instar el respeto de la dignidad de la persona frente al Estado, movimientos que se condensaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el cual instauraba en su artículo 9 que “Tout homme étant présumé innocent jusqu â ce qu’il ait été déclaré cupable”.[5] 

 

En esos mismos tiempos, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria (1738-1794), reverenciado como el padre  de las ciencias penales modernas, en su obra Tratado de los Delitos y de las Penas[6], consagró buena parte de su estudio a este cardinal principio, su ideología demoliberal,[7] rebatiendo la detención del individuo sin reglas que restrinja el poder del Estado,  y como exponente  del movimiento humanitario y en reproche de las iniquidades del absolutismo, fundamenta su teoría conviniendo en la necesidad de la imposición de la pena, la intimidación con el castigo, y su  ejecución en la persona del malhechor; pero permitiendo a su vez, el acatamiento del debido proceso, y con ello el respeto hacia la dignidad de la persona, otorgándosele valor al principio de legalidad, encuadrado en un conceso plural en merced del bien común[8].

 

Consecutivamente, a finales del siglo XIX se desarrolla la Escuela Positiva  Italiana, cuyos predecesores  fueron Rafael Garofalo (1851-1934); Vincenzo  Manzini (1872-1957);  Giovanni Leone (1908-2001); y, Enrico Ferri (1856-1929),  para quienes el principio de la presunción de inocencia no tiene lógica, mientras subsista y se mantenga la prisión preventiva del imputado.  

 La embestida a la escuela Clásica, fue acometida por  Rafael Garofalo y Enrico Ferri, quienes, al decir del Maestro Luigi Ferrajoli,[9]en coherencia con sus opciones sustancialistas, consideraron i>vacías>, <absurdas>, e i>ilógicas> la fórmula misma de la presunción de inocencia”, exigiendo el autor de Criminología[10],  “la prisión provisional obligatoria y generalizada  para los delitos más graves”;[11] mientras que  el eximio jurisconsulto y  sociólogo, Enrico Ferri –destacado discípulo de Ezechia Marco Lombroso[12]  y de Francesco Carrara ( 1805-1888)–   se inclina “ hacia modelos de justicia sumaria y sustancial más allá de las pruebas de culpabilidad”.

  En todo caso,  la agresión más incisiva la hizo el jurista  Vincenzo  Manzini, sobresaliente exponente de la Escuela Técnico-jurídica, ya que niega de plano,  la existencia y efectividad  del principio de la presunción de inocencia, considerándola “burdamente paradójica e irracional[13], basándose en investigaciones de ciertos estudios legales como  “la privación preventiva de libertad”, “el secreto sumarial” y “el hecho mismo de la imputación”,[14] por lo cual está claro – para él –  que  ésta última “tiene por presupuesto suficientes indicios de culpabilidad”, por lo que, “debería constituir, si acaso, una presunción de culpabilidad”.[15] 

 

              Finalmente, otros autores, como el filósofo inglés  Jeremías Bentham (1748-1832) coincidían con el apotegma cimentado en la inocencia de la persona, señalando que todo acusado debía ser oído y dársele  la posibilidad de probar, por cuanto, “todo ser humano es inocente por naturaleza”.

 

                 Sin embargo, mucho antes, ya Thomas  Hobbes (1588-1679) hablaba de la inocencia de la persona que es acusada y llevada a juicio, en su magna obra: Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, publicada en 1651, donde estudia al hombre y la sociedad.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     CAPITULO II

 

CONCEPTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

 

 

Según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Española[16] inocente es el “que no encierra malicia”, el que está “libre de culpa”; conceptuando la inocencia como el  “estado del alma limpia de pecado” y como el “estado del que no ha cometido el hecho que se le imputa”.  Como explicamos en el capítulo anterior, históricamente, el hombre ha logrado erigir más que una pauta filosófica –jurídica– que sea apreciado explícitamente inocente  mientras que no se demuestre su culpabilidad en un juicio con todas las garantías y preceptos constitucionales, procesales, legales, asociados a la dignidad a la cual todo ser humano tiene derecho, y encuadrados exclusivamente en las  ritualidades asentadas no solo en nuestra Carta Magna y en la Ley Adjetiva Penal, sino en los procedimientos de los Tratados, Convenios y Acuerdos, suscritos y aceptados por la República Bolivariana de Venezuela.

 

No tendría, indudablemente, comprensión alguna, las garantías y derechos constitucionales, enunciadas en nuestra Carta Magna, si las mismas no son protegidas por el propio Estado.  No en balde, el legislador patrio sentenció la prohibición de la valoración de pruebas obtenidas o incorporadas al proceso al borde o con desobediencia de las garantías fundamentales.

Toda contravención que atente contra la dignidad y los derechos fundamentales del hombre, no  sólo es  inaceptable, sino  que se convierte  en  ilícito, y por lo tanto, su valoración  es inicua, ineficaz,  inútil, por los órganos jurisdiccionales.[17] 

 

En este sentido,  el jurista cubano-venezolano, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento,[18] estima que la presunción de inocencia es “uno de los presupuestos fundamentales del moderno proceso penal acusatorio, en tanto determina que la persona imputada o acusada no puede ser tratada como culpable convicto durante la investigación y enjuiciamiento”, yuxtaponiendo que por tales motivos, “no se le debe privar de sus derechos civiles o políticos, ni del derecho a un juicio justo e imparcial”.

En cambio, para el tratadista venezolano Fernando M. Fernández,[19] la presunción de inocencia es “un principio cardinal sobre el cual se apoya el contrato social”.[20]  En otras palabras, los ciudadanos se someten a las autoridades políticas en quienes delegan la creación y formación de sistemas nomotéticos  y judiciales, sin renunciar a sus derechos ni libertades, en razón de ello, el Estado deberá demostrar la culpabilidad de la persona imputada o acusada, mediante la materialización de pruebas obtenidas en forma lícita, sin quebrantar, elementalmente, el debido proceso y el derecho de defensa.

 

En tal sentido, si todos los hombres son “buenos por naturaleza”, la única vía para demostrar lo contrario, es menester que estos sean sometidos a juzgamiento, previo el cumplimientos de las formalidades de ley, y hallados culpables, por razón de una sentencia que haga constar la responsabilidad y culpabilidad penal del acusado,  habiéndose agotados los recursos ordinarios y extraordinarios, esto es, que haya quedado definitivamente firme.

 

La presunción de inocencia es, a no dudarlo, el principio más influyente del proceso penal.  A pesar de la cobardía de no pocos jueces que se niegan a aplicarlo, en los casos que realmente se muestra la transgresión del debido proceso, no puede negarse que con él “se rescata el concepto de libertad” como bien lo precisa el erudito jurista Hoover Wadith Ruiz Rengifo.[21]

 

Asimismo, la presunción de inocencia, para el jurista venezolano, Rodrigo Rivera Morales,[22]es un auténtico derecho fundamental y no un mero principio teórico.

 

La responsabilidad, y por consiguiente,  culpabilidad del acusado, debe probarse en el juicio oral y público.  No es una mera facultad del Estado. Es una ineludible  obligación.  El Estado es quien determinará si el acusado es culpable. Pero antes tendrá que desvirtuar de manera lícita y traslúcida el estado de inocencia del justiciable. En definitiva: el acusado no está compelido a probar su inocencia.[23]

 

El jurista argentino Alberto M. Binder,[24] por su parte, concibe la presunción de inocencia, como “una garantía política que protege al ciudadano que ingresa al ámbito de actuación de las normas procesales y penales”.   Por tal razón, es preciso señalar que el status de inocencia acompañará al acusado antes y durante el juicio oral y público; hasta después de la culminación de éste, aún cuando exista  una sentencia que le sea contraria, corresponderá ser tratado como un ciudadano inocente, porque el único modo de que pueda asumir una relación de   culpable, es que la decisión quede definitivamente firme.

 

En base a esto, coincidimos con el distinguido jurista Orlando Monagas Rodríguez,[25] quien sostiene que “el imputado[26]ha de recibir un trato digno, respetuoso, propio de un orden justo dentro del proceso penal, entendiendo que tal condición se habrá de sostener y conservar hasta tanto una sentencia condenatoria firme, declare la culpabilidad”.

 

Es  apropiado traer a colación la opinión del jurista y profesor universitario, Carmelo Borrego,[27] el cual piensa que un concepto de presunción de inocencia “estaría ubicado en que toda persona y ciudadano se le ha de tener como no culpable hasta tanto se den los trámites procesales inexcusables que fijen tanto el acaecimiento del delito como la responsabilidad del autor o autores (si opera de concierto), con lo cual se alude a la mínima actividad probatoria o suficiente para formar certeza” que pueda  destruir así su estado de inocencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

 

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y EN LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

 

 

La presunción de inocencia, para la profesora y jurista venezolana, Magaly Vásquez González,[28] más que un derecho, es “una garantía” la cual “releva al imputado de la obligación de demostrar su inculpabilidad”, en consecuencia,  por exigencia constitucional, “será el órgano encargado de la persecución penal (en el CEC, el Juez; en el COPP, el fiscal del Ministerio Público) quien deberá demostrar su responsabilidad en el hecho que se le imputa”.

 

                     En lo que respecta a su debida aplicación, en acatamiento al debido proceso penal, y a las ritualidades procesales y constitucionales, el imputado debe ser tratado, antes y durante el transcurso del juicio, con todo el respeto que amerita su estado de inocencia, lo que significa que deberá ser juzgado en libertad[29] y particularmente no podrá ser  presentado ante los medios de comunicación social sin su aprobación,[30] tampoco podrá ser torturado ni humillado ni objeto de vejámenes que atenten contra la dignidad humana,[31] y no ser objeto de procedimientos que trastornen su voluntad,[32] toda vez que  el Estado no debe ni puede  sacar ventaja  de un medio comprobadamente   nulo, clandestino, ilícito, en el ejercicio de la carga de desvirtuar la presunción de inocencia del imputado o acusado, porque en primer lugar,  transgrediría  el principio de igualdad de las partes y el derecho de tener un juicio justo conforme a las reglas del debido proceso, y en un segundo plano, estaría respaldando el desconocimiento del ordenamiento jurídico, logrando, con ello, agrietar las bases de un sistema social y democrático cuyo postulado principal es la prevalencia de los derechos fundamentales del hombre.[33] 

 

En el Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, se acopia el principio de la presunción de inocencia:

 

                                    “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.” [34]

 

En puridad se determina que cualquier persona que sea imputada, deberá ser apreciada como inocente, en todas las fases del proceso penal, hasta que acontezca en una decisión irreversiblemente firme, sin que pueda disminuirse en ningún tiempo su estado de inocencia.

            Esto es, el legislador impone la obligación al Estado, de comprobar,  mediante el Ministerio Público, la autoría, participación, y responsabilidad del acusado en la comisión del ilícito penal que se le atribuye, eximiéndose a éste, la necesidad de probar su inculpabilidad.[35]

 

            Es oportuno acotar que, el hecho de que una persona sea imputada, no quiere decir con ello que ésta sea culpable del delito que se le incrimina, tampoco es sinónimo de que sea autor o haya participado directa o indirectamente en el  ilícito penal, pues el ser imputado, como bien lo advierte el tratadista Alberto M. Binder, “es una situación procesal (…) que otorga una serie de facultades y derechos, y que en modo alguno puede ser automáticamente equivalente a ser autor de un cierto delito”.[36]

         Con la imputación la persona adquiere compromisos, deberes y derechos, entre los que primordialmente se encuentran el principio del estado jurídico de inocencia, alcanzando con ello algo que no existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal,[37] que es saber qué organismo o autoridad policial inició en su contra alguna investigación, para establecer su concurrencia o intervención y autoría en un cierto ilícito penal, de tal forma que esa averiguación no se realice sin su conocimiento previo, a espaldas suya; logrando pedir  asequiblemente, no solo que el Ministerio Público efectúe diligencias de investigación a fin de desvirtuar las imputaciones que se le formulen, sino que se declare anticipadamente  la improcedencia de la solicitud hecha por la vindicta pública,  en cuanto la privación preventiva judicial de libertad.

 

            Ahora bien, es menester aclarar que a pesar de que ni el  derogado Código de Enjuiciamiento Criminal ni la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1961, establecían explícitamente la presunción de inocencia, desde el 14 de junio de 1977, era (es) de imperativo sometimiento reconocer que toda persona a quien se le impute de un delito determinado, tiene el Estado el sagrado deber de considerarlo inocente, hasta que se constituya constitucionalmente su culpabilidad.[38] Huelga decir, que dicho principio jamás se cumplió, toda vez que en la práctica, siempre se llegó a presumir la culpabilidad de todo aquél que por una u otra causa, era objeto de una investigación penal.[39]

 

            Es a partir de la vigente Carta Política Fundamental de 1999,[40] que se reconoce como un derecho supremo el principio de la presunción de inocencia,  convirtiéndose conjuntamente con el derecho de defensa,  en uno de los cimientos cardinales del derecho procesal penal moderno venezolano.

            Es así, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  instituye la presunción de inocencia como consecuencia del debido proceso, en la normativa del  Artículo 49:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1.      La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

2.      Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.[41]

3.      Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4.      Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5.      Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6.       Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.[42]

7.      Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.[43]

8.      Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”

 

 

 

                Desde períodos pretéritos  el axioma de la inocencia o más aún, el estado de inocencia del ciudadano que es acusado, ha repercutido en la conciencia del legislador, que las personas que constituyeron  el 1º de julio de 1811, el  Supremo  Congreso General  de  Venezuela,  en un hecho sin paragón en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentes del hombre  aprueba en la Declaración de los  Derechos del Pueblo, que:

 

 

 

 

Todo ciudadano deberá ser tenido por inocente mientras no se le declare culpable.

 Si se cree indispensable asegurar su persona, todo rigor que no sea necesario para ello debe ser reprimido por la ley”.[44]

 

 Subsiguientemente,  el dogma del estado de inocencia como derecho primario del hombre, es consagrado en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la cual fue aprobada por el Congreso Constituyente  el  4 de diciembre de 1811:

 

Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido declarado culpable con arreglo a las leyes, y si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido”.[45]

 

            A la par, la Constitución Política del Estado de Venezuela  de 1819, ordena que:

 

 

Todo hombre se presume inocente hasta que se le declare culpado. Si antes de esta declaratoria se juzga necesario prenderlo o arrestarlo, la ley prohíbe que se emplee ningún rigor que no sea muy indispensable para asegurarse de su persona.”[46]

 

 

 

        Asimismo, en la Constitución de la Gran Colombia, trascendida ampliamente como la Constitución de 1821, instituyó que:

 

Todo hombre debe presumirse inocente hasta que se le declare culpado con arreglo a la ley. Si antes de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensable para asegurarse de su persona”[47]

 

                Este  principio  tan importante y significativo en la progresividad de los derechos de los ciudadanos, se desvanece de nuestro sistema constitucional en 1830[48], con la entrada en vigencia de la Constitución del Estado Venezolano; siendo acogido  en nuestro ordenamiento positivo desde el 14 de junio de 1977, con la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica,  y como un hecho curioso y muy llamativo la Constitución de la República de Venezuela de 1961, no lo instauraba explícitamente, a pesar que entre los Constituyentes se hallaban, entre otros, pro hombres de gran talento universal, como Víctor Mazzei González, [49] Luis Beltrán Prieto Figueroa, Arístides Calvani, José Vicente Rangel, Fabricio Ojeda, Arturo Uslar Pietri, José Herrera Oropeza, y Ambrosio Oropeza,  éste último reverenciado como uno de los más grandes constitucionalista del siglo XIX.

 

            De conformidad con las antepuestas acotaciones, el principio de la presunción de inocencia se encuentra establecido tanto en nuestra Carta Política Fundamental como en la Ley Adjetiva Penal.  Empero, el COPP resguarda  más enérgicamente al ciudadano frente  al ius puniendi del Estado.  En razón a ello, el respetable profesor y  jurista venezolano, Frank E. Vecchionacce Iglesias,[50]  considera que “la fórmula del Código Orgánico procesal Penal de la presunción de inocencia es más garantista que la contemplada en el Art. 49 de la Constitución de l999”, y en tal sentido, expresa:

 

“De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, en cambio, el investigado y acusado goza de los efectos de la presunción de inocencia hasta que se dicte un pronunciamiento que “establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”, de lo que se desprende que sólo la conclusión del proceso mediante la sentencia es el único momento en el que se puede afirmar que la presunción ha sido desvirtuada. Puede notarse que, en este caso, la vigencia y efectividad de la presunción de inocencia se extiende más en el tiempo y abarca la totalidad del proceso hasta su culminación, lo que no sucede con la regulación constitucional”. [51]

 

 

Es dable advertir, a la postre, que los derechos señalados y acreditados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden estimarse como taxativos, porque siendo la Nación venezolana,  “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”,[52]  todos los derechos esenciales –como el de la presunción de inocencia– ,  innatos, exclusivos, característicos, primarios, congénitos e inherentes del ser humano, serán reconocidos, aunque no aparezcan en la Carta Política Fundamental o en los convenios, acuerdos y tratados sobre derechos humanos.[53]

CAPITULO IV



[1] Para una mayor información: Reyes Echandía, Alfonso. Antijuridicidad. Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá – Colombia. 1999.

[2] Paradójicamente, y ello lo decimos en forma preocupante, en la práctica, se observa con frecuencia, que en los estrados judiciales, la defensa técnica,  es quien –la  más de las veces–   lleva al juicio oral y público, probanzas para demostrar la  inocencia de su patrocinado;  invirtiéndose  la responsabilidad que tiene el Estado, mediante el Ministerio Público, de probar la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del acusado.

 

[3]Una vez que la sentencia condenatoria ha quedado definitivamente firme ( Cosa Juzgada), el justiciable  perderá  la prerrogativa de inocente,  pasando de procesado a penado; sin embargo, aún cuando ya no posee el estado de inocencia,  si el inculpado considera que le fueron violentados sus derechos constitucionales; o, que la sentencia es ilegal, ilícita, inicua, podrá interponer Recurso de Revisión, por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no obstante, estará obligado a probar que la sentencia en su contra es  ilegal.  Respecto a este punto, considero oportuno señalar que en una próxima Reforma Constitucional debería crearse la figura de un Tribunal Superior Constitucional,  cuya función sería la de controlar las decisiones  del Tribunal Supremo de Justicia.  Para una mayor información: Rengifo Camacaro, Rafael Arístides. Propuesta de Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la Creación del Tribunal Constitucional. Hago la salvedad, que el libro que cito no tiene el nombre de la editorial como tampoco el año de su edición.  El mismo me fue obsequiado por su autor,  en el mes de agosto de 2010; en todo caso, de acuerdo a la lectura que hicimos, su contenido data del año 2006; y, puede ser localizarlo en la librería que se encuentra en la propia sede del TSJ.

[4] Este principio se establecía en el  Digesto de Ulpiano de la manera siguiente: “Satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentme damnari”, en otras palabras: “es preferible dejar impune al culpable de un hecho punible que perjudicar a un inocente”, tendencia filosófica que  influenció en la Revolución Francesa.

 

[5]Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable”. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, la cual fue aceptada por el Rey Luis XVI el 5 de octubre de 1789, consagró el estado de inocencia de la persona acusada como un derecho fundamental de todo ciudadano. Desde entonces, en casi todas las Cartas Políticas Fundamentales de los Estados  civilizados y en cuyas Naciones predominen un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, admiten al pie de la letra, el principio de presunción de inocencia, con algunas excepciones; en Venezuela, a pesar de haber estado contemplado dicho principio en las Constituciones de 1811, 1819 y 1821, a partir de la Carta Magna de 1830, ninguna lo  instituía, situación que fue enmendada a partir de la reforma constitucional aprobada en 1999.  

 

 

[6] Becarria, César.  Tratado de los delitos y de las penas. Traducción de Constancio Bernaldo de Quiros, Editorial José M. Cajica, México, 1965.  De igual manera, recomiendo la lectura de la misma obra, titulada De los Delitos y de las Penas, publicada por la Editorial Temis, S.A. Bogotá, Colombia, 1987.

 

[7] Según el Dr. Nódier Agudelo Betancourt, autor entre otras obras, de Grandes Corrientes del Derecho Penal- Escuela Positivista; Grandes Corrientes del Derecho Penal. Escuela Clásica; Emoción Violenta e Inimputabilidad Penal, y Curso de Derecho Penal – Esquemas del  Delito, el máximo representante del Demoliberalismo Penal es el Maestro Francesco Carrara, fiel seguidor de la obra de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria. 

[8] Para una mayor información: Paolini de Palm, María Rosario. La Presunción de Inocencia. Editorial Buchivacoa,  Capatarida, Edo. Falcón, 1993. Pág. 21-22.

[9] Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. Madrid, 2004.Pág. 550.

[10] Publicada en 1885.

[11] Por nuestra parte, convenimos que si bien toda persona imputada de un delito tiene derecho a ser juzgada en libertad, esto no imposibilita su juzgamiento privado preventivamente de su libertad, cuando exista una presunción certera de peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, y  concurran en su contra fundados, concordantes y espinosos elementos de convicción,  que indique que ha sido autor o partícipe de la comisión de un delito grave, verbigracia,  secuestro, extorsión, tráfico de influencias, sicariato, homicidio, violación, entre otros; conforme a lo anterior, la privación judicial preventiva de libertad contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, no menoscaba en modo alguno, el principio de presunción de inocencia; obviamente, ninguna persona podrá ser declarada culpable sino mediante una decisión que haya sido decretada previo el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

[12] Cesare Lombroso (1835-1909),  médico y criminólogo italiano. Considerado el padre de la Criminología.

[13] Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 550.

[14] Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 551.

[15] Manzini,  Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Citado por Ferrajoli, Luigi. Op. Cit., p. 627.

[16] Editorial Ramón Sopena, S.A. Provenza, 93. Barcelona. España. 1975. Pág. 591.

[17] Pereira Meléndez, Leonardo. Pruebas Ilícitas y Nulidades en el Proceso Penal. Fundación Luis Alberto Meléndez  Meléndez. Impresión: Editorial Horizonte, C.A. Barquisimeto, estado Lara. Venezuela. 2009. Pág. 18.

[18] Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo. Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos Editores. Séptima Edición. Concordada con la Ley de Reforma Parcial del COPP, según Gaceta Oficial Nº 5930, Extraordinario del 4 de septiembre de 2009. Venezuela. 2010. Pág. 28.  Las negrillas, cursivas y subrayados son de mi responsabilidad.

[19] Fernández, Fernando M. Manual de Derecho Procesal  Penal. Editorial McGraw-Hill. Colombia. 1999. Pág. 84.

[20] Para una mayor información recomiendo leer  El Contrato Social  de Jean-Jacques Rousseau,  de la Editorial LIBSA, Madrid, España. 2001. Pág. 175 y siguientes. Es de acotar que la Editorial LIBSA editó en un solo tomo, además de El Contrato Social,  el Discurso sobre las ciencias y las artes y el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, también de  quien pensaba que “El hombre es bueno por naturaleza”.

[21] Ruiz Rengifo, Hoover Wadith. Equitipicidad, Culpabilidad, Preterintención y Subrogados Penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. 1997. Pág. 197.

[22] Rivera Morales, Rodrigo: Actos de Investigación y Pruebas en el Proceso Penal. Universidad Católica del Táchira / Librería Jurídica Rincón G., C.A. 2008. Pág. 42. Las cursivas y lo subrayado es de mi responsabilidad.

 

[23] Tampoco está obligado a decir la verdad. Inclusive tiene derecho a mentir, si ello lo considera apropiado para su defensa material.

[24] Binder,  Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad-Hoc, S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1993. Pág. 122.

[25] Monagas Rodríguez, Orlando. Detención Preventiva y Presunción de Inocencia. Cuartas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. 2001. Pág.75.  Las cursivas y subrayados son de mi responsabilidad.

[26] Entiéndase que la situación del imputado cambia a la de acusado, una vez que el Ministerio Público incoa en su contra la respectiva acusación, y ésta es admitida,  ora en la audiencia preliminar (Procedimiento Ordinario), ora en  la fase del juicio oral y público (Procedimiento Abreviado).

[27] Borrego, Carmelo. La Constitución y el Proceso Penal. Editorial LIVROSCA, C.A. Caracas, Venezuela. 2002. Págs. 369-370.  Las cursivas, negrillas y subrayados son de mi responsabilidad.

[28] Vásquez González, Magaly. Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. 2008. Pág. 32.

[29] Excepcionalmente, podrá ser privado preventivamente de su libertad,  “por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” tal como lo instaura el ordinal 1º del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

[30]  El Ord. 4º del Artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal,  establece que  los organismos policiales de investigaciones penales, están obligados a: “No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social sin el expreso consentimiento de ellos, el cual se otorgará en presencia del defensor o defensora, y se hará constar en las diligencias respectivas”.  En la práctica son incontables las transgresiones a ésta normativa constitucional sin que ningún juez establezca las sanciones debidas a los responsables.

[31] Según el Ord. 3º del Artículo 117 del COPP, ninguna autoridad policial, está forzado, constreñido, obligado constitucionalmente a: “No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos  o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el tiempo de la detención”.  ¿Cuántas veces, en plena audiencia de calificación de flagrancia, los  representantes de la vindicta pública y los Jueces de Control, observan con natural “asombro”, el  hinchado rostro de un imputado que tiene fuertes indicios de haber sido torturado, o golpeado, por los funcionarios policiales aprehensores, y en lugar de ordenarse una investigación, por violación a fundamentales derechos y garantías constitucionales, se hacen de la vista gorda?  ¿Cuántas actas policiales, formadas por  ‘entrevistas’ son refrendadas mediante engaño, maltrato u amenaza? Ello es una razón más para no concederle valor probatorio como prueba documental a las denominadas ‘entrevistas’ practicadas en la primera fase del proceso penal.

[32] El numeral 11 del Artículo 125 del COPP, señala que el imputado tiene derecho a: “No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento”. En este punto convenimos con el Maestro Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en cuanto a que el imputado “no debiera ser drogado, hipnotizado ni ser objeto de procedimientos por el estilo, ni siquiera  con su consentimiento, pues todos ellos tienen como finalidad la obtención de confesiones y delaciones, que sólo pueden ser válidas si se producen a plena conciencia y con las garantías legales del caso”.  Op. cit., p. 186.   Sin embargo, es preciso aclarar  que palmariamente, obtener una prueba constriñendo los derechos fundamentales de la persona, es ilícito, y por ende, no debe ser admitida en el proceso, por carecer de valor probatorio, e implícitamente, debe sancionarse al funcionario o persona que adquirió la prueba ilícita en contravención al debido proceso. Pero hay ocasiones, en las que, debemos observar, qué persona ingresa la información al proceso penal y de qué forma lo hace. El derecho a la intimidad no se menoscaba con la práctica de algunos procedimientos coercitivos y no se contraviene el derecho a la vida privada ni la dignidad de la persona. Célebres autores, como Eduardo Couture, Hernán Víctor Gullco, Hernando Devis Echandía, entre otros, consideran que en la actividad probatoria, el principio de la obtención coactiva de los medios de prueba, dispone como axioma principal, que el juez está facultado para ordenar la práctica de algunas pruebas,  verbigracia, allanamientos de hogares, exámenes corporales, extracciones de sangre, ruedas de personas, etc., “como simples formas de aprehender los caracteres físicos de una persona”, sin que ello signifique, que el imputado o acusado examinado, estaría admitiendo su responsabilidad en los hechos investigados. Eugenio Florián, citado por Yván J. Figueroa Ortega, señala que “el principio de la obtención de los medios de prueba no puede ser desconocido de la actividad probatoria, pues es necesario que los órganos de prueba intervengan en el proceso y que los objetos materiales de prueba sean introducidos e incorporados en él”, con el fin único de buscar la verdad material o procesal, con los límites que impone las garantías constitucionales, al poder punitivo del Estado, porque de nada sirve una justicia imperfectamente administrada y para colmo, indiferente y pasiva, ante los avances del Derecho Procesal Penal Moderno. En conclusión: si es el imputado o acusado, quien ingresa información, en forma directa, y de forma coercitiva, esa información, debe ser considerada irrita, ilícita e inicua, procesal y jurídicamente inexistente, constitucionalmente inadmisible y sin valor probatorio alguno. Empero, si es un tercero quien ingresa al proceso dicha información, verbigracia, un testigo reconocedor –en caso de un reconocimiento del imputado– o un técnico-perito –en caso de una extracción de sangre– a pesar de que el imputado no autorice tal práctica, vale apuntar, no preste su consentimiento, y haber sido, efectivamente, objeto de prueba, en cuyo acto procesal, su salud no sea afectada de peligro alguno, y sea tratado con respeto a su condición de ser humano, dicha información—acto de investigación—debe ser considerada válida y lícita, sin que con ello se pretenda equiparar al imputado o acusado como si ciertamente fuera autor de los hechos que le son atribuidos por el Ministerio Público, pues ser imputado es una cosa, y ser autor del hecho delictivo es otra; por lo demás, como lo dice acertadamente Binder: “no se puede <hacer> de todo imputado un culpable”. Para una mayor  información recomiendo leer  el ensayo: ¿Es posible la extracción de sangre al imputado sin su autorización? insertada en mi obra Anotaciones de Derecho Procesal Penal, Editorial Berkana Hispanoamericana, Barquisimeto, estado Lara, 2008, pág. 109 y siguientes.


 

 

[33] Pereira Meléndez, Leonardo. Pruebas Ilícitas y Nulidades en el Proceso Penal. Fundación Luis Alberto Meléndez Meléndez. Impresión: Editorial Horizonte, C.A. Barquisimeto, estado Lara. Venezuela. 2009. Pág. 58.

 

[34] Código Orgánico Procesal Penal.  Concordado con la Ley de Reforma Parcial del COPP, según Gaceta Oficial Nº 5930, Extraordinario del 4 de septiembre de 2009.

[35] En cuanto a la intervención del justiciable en el hecho punible, recomiendo leer la obra Autoría y Participación en el Derecho Penal Venezolano de Ricardo Colmenares Olívar, Editorial Alfa, C.A. Mérida, Venezuela. 1993.  

[36] Binder,  Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad-Hoc, S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1993. Pág. 312.

[37] Obviamente, ello solo es posible en el oscurantismo del perverso sistema inquisitivo.

[38] Ley Aprobatoria del Pacto de San José de Costa Rica, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 31.256, de fecha 14/06/1977.

[39] Para una mayor información: Arteaga Sánchez, Alberto. Estudios de Derecho Penal. Editorial Jurídica ALVA, S.R.L. Caracas, Venezuela. 1987. Pág. 91-94.

[40] Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000.

[41] De acuerdo al principio: “Nullum crimen, nulla poena sine iudex, sine iudicio”, el Estado garantiza al acusado el fiel cumplimiento de las ritualidades que conlleva el debido proceso; la ley es aplicada por el juez, pero ello no obsta para que el justiciable mantenga indeleble el derecho a que se le presuma inocente hasta que concluya el juicio en su contra, mediante una sentencia ejecutoriada,  y en condiciones prístinas de ejercer el derecho de defensa.

 

[42] Conforme al principio: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, para que una pena sea impuesta y a su vez una conducta sea considerada como delito, ésta deben ser establecidas previamente y con antelación  en la ley penal. Guarda relación con el principio de la legalidad penal.

[43] En puridad nadie puede ser castigado penalmente dos veces por el mismo hecho punible. El principio  “non bis in idem” imposibilidad al Estado ejercer el ius puniendi  dos veces contra el acusado por los mismos hechos.

[44] Artículo 15. Derechos del Hombre en Sociedad. (Las negrillas y subrayados son de mi responsabilidad).

[45] Artículo 159. Capítulo VIII. Derechos del Hombre que se reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado. Sección Segunda. Derechos del Hombre en Sociedad. (Las negrillas y subrayados son de mi responsabilidad).

[46] Artículo 9. Título 1º.  Derechos y deberes del hombre y del ciudadano. (Las negrillas y subrayados de mi responsabilidad).

[47] Artículo 158.  Título VIII. Disposiciones generales. (Las negrillas y subrayados de mi responsabilidad).

 

[48] Ocurre la separación de la Gran Colombia, el ideal sueño del hombre más grande y magnánimo de toda América: don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco,  Padre y Libertador de cinco naciones: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, y Venezuela.

 

[49] Mi ex – profesor de Derecho Administrativo II en la Ilustre Universidad Santa María. 

[50] Vecchionacce Iglesias, Frank E. Algunos Aspectos sobre la Presunción de Inocencia. XI Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. 2008. Pág. 37.

[51] Vecchionacce Iglesias, Frank E.  op. cit., p. 38. Lo subrayado es de mi responsabilidad.

[52] Art. 2. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000.

 

[53] Art. 22 de la CRBV: “ La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea continuar leyendo recomiéndoles la lectura de  mi libro LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editado y Distribuido por Vadell Hermanos Editores, C.A. Teléfonos: (0212) 572.31.08 – 5725243/(0241) 8579017 – 8585969. E-mail: edvadell1@cantv.net.ve Página web: www.vadellhermanos.com. Para jueces, fiscales, abogados litigantes y estudiantes de derecho.

 

 

 

 

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